En México, el voto no es únicamente un derecho, sino también una obligación ciudadana. Su ejercicio es fundamental, ya que constituye la base de la democracia y representa el mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede influir de forma directa en el rumbo político y social de la nación.
La legislación electoral garantiza el derecho al voto sin distinción de género, orientación sexual, discapacidad, religión o cualquier otra condición. Asimismo, establece que el sufragio debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, principios esenciales para asegurar la legitimidad y transparencia de los procesos electorales.
Tienen derecho a votar las personas con nacionalidad mexicana, haber cumplido 18 años, contar con una credencial vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), estar inscritos en la lista nominal de electores y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos (no tener sentencia judicial que los suspenda).
Al momento de votar, la ley garantiza derechos fundamentales para asegurar que la voluntad ciudadana sea respetada y que el proceso electoral sea equitativo. Entre las principales garantías se encuentran:
La prohibición de actos de presión, intimidación o coacción que busquen influir en el sentido del voto, la implementación de mecanismos de fiscalización de recursos y medios de impugnación para resolver controversias legales relacionadas con los resultados electorales, la protección del ejercicio del voto y de los derechos político-electorales de la ciudadanía, el reconocimiento y respeto del derecho de las comunidades indígenas a elegir a sus propias autoridades, la obligación legal de los empleadores de otorgar tiempo a las personas trabajadoras para acudir a votar el día de la elección.
El fortalecimiento de la democracia depende de la participación informada y responsable de la ciudadanía. Ejercer el voto no solo cumple con un deber cívico, sino que contribuye a la construcción de un país más justo, representativo y democrático.








